El Ejecutivo aragonés, que preside el socialista Marcelino Iglesias, fundamena su recurso en que, aunque sobre el papel estén pensados como un remedio para tiempos de sequía, los contratos de cesión de derechos de agua podrían ser suscritos y aplicados en todo tiempo.

También considera, entre otras cosas, que "existe notable desproporción entre los plazos de actuación de la Administración en el ámbito del procedimiento concesional (dieciocho meses) y de los contratos de cesión de derechos de uso de agua (uno o dos meses según los casos)".