Las 36 alegaciones presentadas por el Gobierno aragonés ante el Ministerio de Medio Ambiente se centran en el procedimiento administrativo, los aspectos técnicos del proyecto y las repercusiones ambientales y sociales que tendría el trasvase en la comunidad.

El consejero espera del ministerio "que se tome con seriedad este proceso, que analice con seriedad las alegaciones técnicas, económicas y medioambintales del proyecto y, sobre todo, que se tome con mucha seriedad aquellas alegaciones que hacen referencia a defectos de forma y a la vulneración de la normativa española y comunitaria".

Boné, que estuvo acompañado por el director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, anunció también que, "al igual que otras comunidades autónomas, como Cataluña, en caso de que se responda negativamente a este requerimiento, nos iremos a un contencioso administrativo".

"Aragón siempre se ha mostrado paridario de buscar soluciones a los problemas de agua que pueda haber en Levante o cualquier parte de España", agregó. "Sin embargo, aún estamos esperando la primera declaración de un dirigente de la zona de Levante en favor de los aragoneses. Sólo se oyen descalificaciones e insultos; ninguna muestra de apoyo a nuestros legítimos intereses".

El consejero agradeció a los particulares, ayuntamientos y asociaciones que se han adherido sus muestras de apoyo, enviadas por 320 ayuntamientos aragoneses y ciuddanos tanto de Aragón como de otras comunidades autónomas -como Madrid, Cataluña, Andalucía o País Vasco- e incluso desde otros 9 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Finlandia o Bélgica.