La actitud del Ejecutivo aragonés, presidido por el socialista José Marco, choca con la actitud del anterior Gobierno regional, del popular Emilio Eiroa, que expresó su rechazo a la instalación de esta macrocárcel en el término municipal de Zuera, posición que estaba respaldada por los partidos que formaban entonces la colición de Gobierno (PP y Partido Aragonés) y por Izquierda Unida.

De esta manera, la Diputación General de Aragón adopta una actitud de colaboración con el Gobieno central para la construcción del centro penitenciario. Su decisión supone el final de la confrontación que había caracterizado la relación del Gobierno Eiroa con el Ministerio de Justicia.