No obstante, el ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, José Borrell, mantendráel próximo día 27 una reunión con los consejeros de todas las comunidades autónomas con competencias en estas áreas para concretar las actuaciones e inversiones en cada una de las provincias.

El Plan Nacional de Residuos Peligrosos prevé una inversión pública total en el período 1995-2000 de 180.000 millones de pesetas, para conseguir reducir en origen un 40 por ciento del volumen de este tipo de residuos, cuya producción actual asciende a 3,4 millones de toneladas anuales, y tratar adecuadamente el 6 por ciento restante.

De esa cuantía, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) se compromete a canalizar a las comunidades autónomas un 25 por ciento (45.000 millones), que procederá en su mayor parte de los fondos de cohesión.

Este año, todas las autonomías deberán actualizar sus inventarios de residuos peligrosos, conforme a la normativa comunitaria aprobada el pasado mes diciembre, y culminar la elaboración de sus planes de gestión, que sólo han aprobado de moment 7 comunidades.

El plan dará prioridad a las actuaciones de reducción en origen, de reciclaje y reutilización y financiará la construcción de una red supracomunitaria de almacenamientos para residuos que complemente las infraestructuras de tratamiento existentes.

SUELOS CONTAMINADOS

Por su parte, el Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados contempla una inversión pública total de 132.888 millones de pesetas en el período 1995-2005, de la que el MOPTMA aportará el 50 por ciento.

El objetivo marcado es recuperar 275 emplazamientos contaminados, dando prioridad a los ya identificados como de mayor riesgo, lo que supondrá actuar en 38 millones de metros cúbicos de suelo y en más de 9 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas. Además, se realizará la caracterización de otros 1.650 emplazamientos contaminados ya identificados.

Finalmente, el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales preve una inversión global superior a 1,8 billones de pesetas, cuantía qe, según el Gobierno, permitirá cumplir con las exigencias que impone la directiva de la Unión Europea sobre depuración.

Un 25 por ciento de ese importe será aprobado por el MOPTMA, proporcionalmente a las necesidades de inversión en cada comunidad autónoma, con la condición de que en el plazo de dos años todas las regiones impongan un canon de saneamiento que cubra los costes de mantenimiento de las plantas, canon que ya existe o está en vías de implantación en la mayoría de las comunidades.

Un 0 por ciento de la población española todavía no dispone de sistemas de depuración que cumplan la normativa comunitaria, siendo especialmente preocupante esta situación en Galicia, Navarra y Cantabria, según datos del Ministerio de Obras Públicas.

Los tres planes que hoy aprobó el Consejo de Ministros han sido sometidos previamente a la consideración del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Todos ellos intentan integrar las inciativas de las distintas comunidades autónomas en materias en las que ests administraciones tienen plenas competencias, completando con financiación estatal y con cargo al Fondo de Cohesión de la Unión Europea la inversión de las administraciones territoriales.