Asimismo, se solicita el trámite de urgencia para poder anunciar su ratificación en la cumbre hispano-francesa de noviembre, en Marsella.

El Tratado permitirá dotar de plena eficacia jurídica a la cooperación a las entidades territoriales fronterizas y reforzar, a través de esta cooperación, la construcción eurpea.

Las entidades españolas implicadas y, especialmente, las Comunidades Autónomas afectadas (País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña) apoyan el Tratado, pero en su día consideraron que debían estar representadas de pleno derecho en la Comisión Intergubenamental de seguimiento.

En este sentido, el Congreso aprobó en 1995 una proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno al cumplimiento de dichas demandas, al igual que la petición a Francia para ampliar el número de miembros de dicha comiión. En consecuencia, el Ministerio de Administraciones Públicas tiene previsto elaborar un Real Decreto que recoge las aspiraciones de las Comunidades Autónomas.