Así lo anunció este martes la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que resaltó que con la aprobación del ‘techo de gasto’ “se pone en marcha toda una maquinaria que nos permitirá aprobar en tiempo y en forma unas cuentas públicas que son fundamentales e imprescindibles para la recuperación del crecimiento económica y para aliviar el bienestar de los hogares y ayudar al tejido productivo”.

La aprobación del límite de gasto no financiero constituye uno de los primeros pasos de cara a la elaboración de los Presupuestos del próximo año, al establecer el límite de gasto sobre el que se diseñan las cuentas públicas.

Montero recordó que, por acuerdo de la Comisión Europea, de cara a 2023 se mantendrán suspendidas por cuarto año consecutivo las reglas fiscales, pero que eso no significa que esté suspendida “la responsabilidad fiscal”, de manera que la ministra recalcó el compromiso del Gobierno con “la responsabilidad presupuestaria” al tiempo que se elaboran unos Presupuestos “que permitan proteger a la mayoría social del país”.

Así, Montero subrayó que, pese a las medidas extraordinarias aprobadas en los últimos meses para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, el Ejecutivo mantiene sus previsiones de cerrar 2022 con un déficit público del 5% del PIB, tras el 6,8% de 2021, para posteriormente reducirlo al 3,9% en 2023, al 3,3% en 2024 y al 2,9% en 2025.

Por administración, la titular de Hacienda explicó que sí hay un reparto distinto del “esfuerzo” fiscal que deberá hacer cada sector, ya que se permitirá un mayor margen de gasto y de déficit de comunidades autónomas y corporaciones locales respecto a lo previsto hace meses en el Programa de Estabilidad.

En concreto, del déficit del 3,9% del PIB previsto para 2023, 3,2 puntos serán para la administración central, que recorta dos décimas su margen respecto al Programa de Estabilidad, para aumentar del 0,1% al 0,3% la tasa de referencia de déficit para las comunidades autónomas. Por su parte, la tasa de referencia para la Seguridad Social se mantiene en un déficit del 0,5%, mientras que en el caso de las corporaciones locales se reduce una décima su previsión de superávit, quedando en un 0,1% del PIB.

Sobre la Seguridad Social, la ministra indicó que el ´techo de gasto’ incluye una transferencia de 19.888 millones de euros desde el Estado central a la Seguridad Social, aumentando en cerca de 1.500 millones respecto a los 18.396 millones de la transferencia realizada en 2022, lo que supone un 8,1% más.

En cuanto a la deuda pública, tras el 118,4% de 2021, también se mantiene la estimación de cerrar 2022 en el 115,2% y que baje al 112,4% en 2023, 110,9% en 2024 y 109,7% en 2025.