Según explicó hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en 1995 se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que obligaba a las empresas a cumplir una serie de requisitos en esta materia. No obstante, ante la falta de operadores que existía en ese momento en el mercado, se permitió de forma "eventual" la participación de las mutuas como prestadores del servicio de prevención de accidentes laborales.

Más adelante, el Gobierno permitió también que éstas utilicen medios de la Seguridad Social a este efecto, lo que, según el Tribunal de Cuentas, "ha desembocado en una situación de confusión de patrimonios" que perjudica la competencia de los servicios de prevención privados.

Así, diez años después, cuando en el sector existen cerca de 10.000 empresas privadas dedicadas a la prevención, las mutuas continúan ejerciendo esta labor, que se mezcla con su tarea original, que es la de atención a las personas que han sufrido accidentes laborales.

PICARESCA

Pero no sólo se mezclan las tareas, sino también los medios económicos recibidos por la Seguridad Social, que en ocasiones lleva a la "picaresca" de los empresarios que utilizan este dinero en funciones a las que no iba destinado, según Granado.

Para resolver esta situación, el Gobierno ha aprobado este decreto que obliga a las mutuas a diferenciar totalmente su servicio de prevención de riesgos laborales del resto de su actividad.

En un principio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales apostó por obligar a las mutuas a crear una empresa independiente encargada de las labores de prevención, pero el Consejo de Estado le advirtió de que sería necesaria una norma de rango de ley para incorporar esta obligación.

Por esto, el ministerio decidió dar una segunda opción a las mutuas: crear una sociedad dentro de la empresa que cumpla una serie de requisitos de independencia.

Sin embargo, el Ejecutivo está convencido de que las condiciones impuestas hace mucho más atractiva la primera opción y que la "gran mayoría" de las mutuas optarán por crear esa nueva empresa.

TRES AÑOS

Además, para ayudar a la compañía en este proceso, el Gobierno ha fijado un plazo de 3 años en los que la mutua podrá seguir utilizando los medios de la Seguridad Social.

El ministerio está convencido que esta separación entre el servicio de atención y el de prevención de las mutuas permitirá mejorar la calidad de la prevención.

Granado explicó que en la actualidad las compañías centran sus esfuerzos en las labores de atención y "utilizan" la prevención como reclamo para lograr clientes, ofreciendo los papeles obligatorios a bajo coste.

Las mutuas dedican en torno a un 5% de su presupuesto a la prevención, lo que, según el secretario de Estado, demuestra que su prioridad es la atención de los accidentados y no su prevención.

No obstante, advirtió que si la prevención de riesgos deja de utilizarse como reclamo y se "toma en serio", supondrá también un incremento de los precios y de las cuotas que las empresas pagarán por este servicio.

"Si la prevención de accidentes pasa de las musas al teatro habrá un incremento de costes, pero luego se ahorrará dinero porque habrá menos accidentes. Supondría un aumento de los costes a corto plazo, pero un ahorro a medio y largo", afirmó Granado.

Asimismo, ya que se evitarán algunas situaciones de "picaresca" en las que las mutuas utilizan indebidamente los medios económicos proporcionados por la Seguridad Social, el secretario de Estado prevé que también puede haber "algún tipo de ahorro para el Sistema".