El texto aprobado hoy por el Consejo de Ministros define como secetos oficiales aquellos asuntos cuya difusión o conocimiento por personas no autorizadas puede ocasionar daños o entrañar riesgos para la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el ordenamiento constitucional, el funcionamiento de las instituciones, la defensa nacional y, en general, la protección de los intereses y actividades esenciales del Estado.

También tendrán la consideración de secretos oficiales aquellas materias así clasificadas por Ley o que se configuren como tales en virtu de tratados o acuerdos válidamente celebrados por España.

Los secretos oficiales se clasifican, siguiendo las pautas más generalizadas de los países de nuestro entorno, en las categorías de "alto secreto", "secreto" y "confidencial", otorgándose a cada una de ellas distintos grados o niveles de protección.

Siguiendo, asimismo, las normas más comunes del derecho comparado, el contenido fundamental del proyecto de ley orgánica se completa con la determinación de los órganos superiores a los que coresponde la clasificación y desclasificación de los secretos oficiales, los requisitos formales de los acuerdos y resoluciones sobre la materia, los efectos de estos actos y el régimen general de las infracciones y sanciones administrativas.

El proyecto otorga especial importancia a todas las normas relativas a las obligaciones de las personas autorizadas para conocer un secreto oficial, a los controles y restricciones impuestos para acceder a los lugares donde radiquen documentos o medios materiales lasificados y, en general, a cuantas disposiciones se refieren al traslado, archivo, custodia y tratamiento de estos asuntos. Todas estas previsiones legales, que habrán de ser desarrolladas de forma homogénea y reglamentaria, expresan claramente el deseo de establecer un sistema eficaz y riguroso que garantice la inexcusable protección de los secretos oficiales.

El Gobierno afirma que "con este proyecto de Ley Orgánica, se gana en precisión en los conceptos y se mejora en las garantías de los procediientos de desclasificación, que en todo caso deben ser motivados".