El Convenio comunitario sigue los modelos de ratados marco del Consejo de Europa y constituye un importante instrumento de cooperación jurídica entre los países miembros del mismo y demás Estados signatarios para la lucha contra los delitos graves, que, al constituir un problema con una dimensión cada vez más internacional, requiere el uso de métodos modernos y efectivos a escala supranacional.

El objetivo del Convenio es la aplicación de una política penal común entre los citados miembros del Consejo de Europa y demás países firmantes del mismo estableciendo un sistema de cooperación internacional entre los mismos para impedir el tráfico de los bienes producto de delitos.

Al respecto, se enuncian en el Convenio diversas medidas legislativas o de otro tipo a adoptar por los países miembros. Así, hay medidas tendentes a la confiscación de los instrumentos o productos de los delitos; medidas indagatorias o provisionales a fin de identificar y localizar los bienes que puedan ser objeto de confiscación, y para impedir su transmisión; facultadestécnicas indagatorias especiales (embargos de archivos bancarios, financieros y mercantiles), y tipificación como delito del blanqueo de dinero.