Este Real Decreto desarrolla y concreta las obligaciones administrativas que deben cumplir los indicados sujetos y las excepciones a dichas obligaciones.

Finalmente, se determinan los aspectos organizativos y de funcionamiento de los órganos administrtivos con (la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y sus órganos de apoyo y la Secretaría de la Comisión y el Servicio Ejecutivo) competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales.