El anteproyecto responde al cumplimiento de lo previsto en la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003, "fruto de importantes acuerdos alcanzados por los partidos mayoritarios durante la pasada legislatura", según un comunicado del Ministerio de Justicia.

Dicha ley sentaba las bases de una nueva Oficina Judicial y establecía que el Gobierno elaboraría los proyectos de ley que fueran necesarios para su desarrollo y para adecuar todas las leyes procesales a ese nuevo diseño.

La reforma legislativa afecta a la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Procedimiento Laboral, Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley del Tribunal del Jurado, Ley de Régimen Electoral General, Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

Igualmente, se reforman distintos aspectos de otras normas como son la Ley Hipotecaria, Ley Reguladora del Derecho de Rectificación, Ley de Hipoteca Mobiliaria, Ley de Extradición Pasiva, Ley Cambiaria y del Cheque, Ley de Patentes, Ley de Conflictos Jurisdiccionales, Ley Procesal Militar, Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, Ley Concursal, Ley de Arbitraje, o Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, así como su antecesora de 1881 en todos aquellos aspectos que permanecen vigentes.

La Oficina Judicial es el conjunto de medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al juez en el desarrollo cotidiano de su trabajo.

Según el comunicado, la nueva Oficina Judicial será el resultado de una "ambiciosa" reforma para adaptar a los nuevos tiempos y necesidades esa estructura. Se trata, en definitiva, de modernizarla y racionalizarla.

AGILIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA

La propia Ley Orgánica delPoder Judicial contemplaba que la puesta en marcha de la nueva estructura habría de realizarse bajo los principios de "agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre las Administraciones".

Según el comunicado, estos objetivos sólo pueden conseguirse si se establece una nítida distribución de funciones entre los distintos agentes que intervienen en el proceso, dotando a los jueces de las funciones que en verdad les otorga la Constitución: el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

El diseño de la nueva Oficina Judicial libera a los jueces de cualquier labor burocrática, permitiéndoles dedicar todo su tiempo a dictar sentencias y resolver los litigios que tienen encomendados.

"Pieza clave en los objetivos de la nueva Oficina Judicial es la figura del secretario judicial, que ha estado desaprovechado en la legislación vigente y que se refuerza como un especialista de alto nivel de competencia", dice el comunicado. "Desde este momento, se convierte en piedra angular de la Oficina Judicial de nuevo diseño".

Según Justicia, los objetivos de este proyecto redundarán en una "mayor eficacia y agilidad" de la justicia, consiguiendo la resolución final de los asuntos en un tiempo "notablemente" inferior al que transcurre en la actualidad. "En definitiva, se trata de responder a la demanda ciudadana de tener un mejor servicio público a la hora de acceder a la Justicia", agrega el departamento que dirige Juan Fernando López Aguilar.