El Gobierno responde así a una norma reclamada por parte del sector (fabricantes de productos, prescriptores, constructores, laboratorios, etcétera) tras la alarma generada como consecuencia del incendio del edificio Windsor.

La disposición estriba en que supone un gran cambio regulador al establecer unos nuevos parámetros, unos nuevos valores y unos nuevos métodos de ensayo y evaluación de las prestaciones de fuego de los productos y elementos constructivos, con incidencia en todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo.

Además, esta regulación va a servir de puente para los temas de fuego entre las anteriores reglamentaciones y el nuevo marco regulador que va a suponer el Código Técnico de la Edificación, que en poco tiempo será aprobado y publicado por el Ministerio de Vivienda.

Esta adaptación de la normativa española, vigente todavía, a la europea provocará que se establezcan unos criterios de equivalencia entre los valores de los parámetros existentes y conocidos hasta el momento y los nuevos parámetros y valores europeos, que permitan y faciliten a los sectores y agentes implicados la adaptación y la comprensión de esta transformación técnica.

También, con esta medida se establecen ciertos criterios para las actuaciones de los laboratorios que ensayan estas prestaciones y los certificados que emiten, y que son uno de los agentes protagonistas de esta adaptación.