Según el Ejecutivo, este proyecto persigue consolidar el sector de las telecomunicaciones, "lo que redunda en unas ventajas indudables para los usuarios, tanto porque abre aún más la posibilidad de elección de operador, como porque va a permitir mejorar las condiciones económicas y de calidad de los servicios".

En este sentido, la nueva normativa tiene como novedad la simplificación de los trámites administrativos para actuar como operador en el mercado,de manera que una persona física o entidad únicamente deberá comunicarlo con carácter previo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). A partir de dicha notificación, podrá comenzar a prestar sus servicios o establecer su red.

Por otra parte, la normativa comunitaria establece unas garantías de obligado cumplimiento por todas las Administraciones Públicas en sus relaciones con los operadores, en concreto, en lo que se refiere al derecho de éstos a ocupar el dominio público para el desliegue de sus redes.

Así, en el proyecto de ley se recogen los principios que deberán respetarse para el despliegue de estas redes, entre los que destaca el principio de publicidad de todas las normas que regulen la asignación del derecho de uso del dominio público a los operadores.

DURAS SANCIONES

De este modo, se introducen infracciones "más estrictas", como el incumplimiento de los límites de emisiones en las antenas radioeléctricas. Aparte de las sanciones económicas, se prevé la posible inabilitación del operador que cometa una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales.

En concreto, las infracciones muy graves relativas al incumplimiento de las instrucciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para mercados de referencia y operadores con poder significativo en el mercado, serán sancionadas con multas de hasta veinte millones de euros; para el resto de las infracciones muy graves, las sanciones serán de hast dos millones de euros.

Por su parte, las infracciones graves conllevarán una sanción de hasta 500.000 euros. Además, se introduce una nueva multa de 60.000 euros a los representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en las infracciones cometidas por sus empresas. Asimismo, establece que la CMT analice periódicamente los diversos mercados de telecomunicaciones, detectando los sectores en que no exista una competencia efectiva.

También se mantiene a institución del "servicio universal" como conjunto mínimo de prestaciones que deben recibir todos los ciudadanos a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica. Como novedad, la normativa comunitaria incluyó entre ellas el "acceso funcional a Internet", lo que ya se encuentra en vigor en España tras la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de 11 de julio de 2002, y encuentra también su reflejo en este anteproyecto.

Además se eleva a rango legal determinados aspectos, como las tarifas especiales de servicio telefónico para personas con necesidades sociales o la garantía de posibilidad de elección de operador para los discapacitados.

Para el Ejecutivo, "se trata de un texto que aportará al sector una consolidación del mercado en libre competencia, una simplificación de trámites administrativos para los operadores y una mayor protección de los derechos de los usuarios y de las garantías de las empresas que actúen en el sctor".