El Proyecto de Ley de Suelo tiene como objetivo esencial "apostar de una manera decidida por un desarrollo territorial y urbano sostenible, entendiendo éste como un desarrollo racional y viable a medio plazo que responda a unos mínimos de eficiencia económica, calidad ambiental y cohesión social".

Durante la fase de consultas, que se inició tras la aprobación del Anteproyecto de Ley de Suelo, el pasado 26 de mayo, éste ha recibido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social.

Asimismo, desde el Gobierno destacan que en este dictamen favorable sobre la futura legislación del suelo han coincidido, por primera vez, tanto la patronal como los sindicatos.

El Proyecto de Ley de Suelo establece un estatuto de los ciudadanos, en el que se fija que, "por encima de los intereses inmobiliarios privados está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada; a las necesarias dotaciones públicas y equipamientos colectivos, y a la información y a la participación efectiva en el desarrollo y ordenación de las ciudades".

El Proyecto pretende, asimismo, establecer los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo.

Para ello se someterán a información pública los planes y otros instrumentos, incluidos los convenios urbanísticos, y se exige la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué les afecta antes de que se tomen las decisiones urbanísticas.

También busca asegurar un desarrollo urbano sostenible sometido a una evaluación ambiental previa y garantizar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo de reserva de suelo para dicho uso establecido en el 25% de los desarrollos urbanísticos.

CONTRA LA ESPECULACIÓN

Además, pretende lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativa.

El Proyecto de Ley busca facilitar las políticas urbanas de los municipios al abrir la horquilla que regula la participación de la sociedad en las plusvalías urbanísticas.

Esta horquilla se establece entre el 5% y el 15% del aprovechamiento urbanístico en cuestión, lo que, según el Ministerio de Vivienda, permitirá una mayor adaptación en cada caso a las plusvalías reales que se puedan generar.

Al mismo tiempo, establece una nueva regulación de los suelos públicos, asegurando su carácter de patrimonio vinculado a determinados fines de interés social, prioritariamente la construcción de viviendas protegidas, con la flexibilidad suficiente como para que pueda adaptarse a las necesidades reales de cada municipio.

Una de las novedades de la gestión pública del suelo viene determinada por el régimen de valoraciones que se establece sobre la situación real en que se encuentre el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas que no se hayan concretado aún.

El Proyecto objetiva valores prudentes de mercado no especulativos y, en todo caso, garantiza a los propietarios una adecuada indemnización cuando no pueda participar en la gestión urbanística, del mismo modo que se valora la iniciativa empresarial en el sector.

EL PP PREPARA UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD

El PP ha anunciado que presentará una enmienda de totalidad al anteproyecto si el Gobierno no corrige "sustancialmente" el texto durante el proceso de tramitación parlamentaria.

Asimismo, interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en caso de que la ley sea aprobada con el contenido actual, según explicó ayer en el Congreso el responsable de Economía del PP, Miguel Arias Cañete.