El 13 de mayo de 2003, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó una sentencia por la que instaba a España a modificar la "acción de oro".

La Comisión Europea instó en dos ocasiones a España a proceder al cumplimiento de la sentencia, bajo amenaza de multa de hasta 50 millones de euros, según explicaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda.

España envió el pasado mes de febrero una propuesta de modificación de la "acción de oro" al Ejecutivo comunitario, que no consideró acorde a la normativa de la UE la iniciativa española.

Finalmente, el Gobierno ha decidido aprobar un proyecto de ley que acabará derogando la "acción de oro". La eficacia de este control acababa el 6 de febrero de 2006 en Repsol, el 3 de abril de 2006 en Iberia, el 18 de febrero de 2007 en Telefónica y el 8 de junio de 2007 en Endesa.

El Ejecutivo ha solicitado que la norma se tramite por el procedimiento de urgencia, lo que acorta los plazos de su paso por el Parlamento.

La vicepresidenta primera y ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, argumentó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que con esta medida se pone fin a un derecho que mantenía el Ejecutivo para vetar operaciones de venta de participaciones de las referidas sociedades y que podía suponer un "lastre" para estas empresas.