Aranzadi señaló que el Gobierno no pone objeciones al deseo expresado por las mayores compañías del sector, Endesa e Iberdrola, de crear una sociedad aparte para gestionar los activos nucleares sometidos a moratoria, lo que permitiría sacar de sus cuentas de resultados en torno a 70.000 millones de pesetas de pasivo.

El responsable de Industria señaló que su departamento estudia actualmente la fórmula más adecuada para aplicar este sistema de descarga de deuda para las empresas afectadas por el "parón" nuclear de 1983, pero reconoció que entre las competencias de esa hipótetica sociedad de activos nucleares en moratoria podría figurar la emisión de deuda.

Para facilitar este proceso, el Gobierno ha optado por no introducir en la ley el importe de la amortización a la que tenen derecho las empresas, por las inversiones en centrales nucleares que no llegaron a usar, y que sigue originando diferencias entre el departamento de Aranzadi y algunas empresas.

Las últimas cifras facilitadas por el Ministerio de Industria el año pasado situaban esas amortizaciones en 658.000 millones de pesetas, 100.000 millones menos de los que reclaman las empresas, de los que 351.017 millones eran de las propietarias de Lemóniz, 294.469 de Valdecaballeros y 9.707 de Trillo II.

Las princiales diferencias con las valoraciones contables del Gobierno son las de Sevillana de Electricidad, que por las mismas fechas cifró en 396.871 millones de pesetas el dinero que el Estado debía pagarle por su inversión en Valdecaballeros, frente a los 294.469 millones que reconoce Industria.

En la rueda de prensa, Claudio Aranzadi afirmó que tampoco está en la ley aprobada por el Gobierno la fórmula que se empleará para amortizar esos activos, aunque el Ejecutivo tiene decidido no variar su intención incial de hacerlo de forma similar a la que se emplea en la actualidad para remunerar los activos en funcionamiento, es decir, 25 años, y mediante una remuneración del 1,84 por cien de la tarifa eléctrica.

El texto que el Gobierno remitirá a la Cámara, y para el que ya ha habido contactos con el Grupo Parlamentario Socialista con el fin de tramitarla con la mayor rapidez posible, mantiene el actual sistema de remuneración a las eléctricas en función de sus costes fijos y los de generación, e introduce ua serie de elementos de competencia, como la posibilidad de que nuevas empresas opten al negocio de comercialización de energía.

Además, se creará una Comisión Nacional, con un estatuto similar al de la Comisión de Valores, pero sin la capacidad ejecutiva que tiene la autoridad bursátil para imponer sanciones, que tendrá como función principal la coordinación de todos los agentes del sector y la elaboración de informes no vinculantes sobre las necesidades de la industria eléctrica.

La necesidad d separar la actividad generadora de la distribuidora y la comercializadora en los balances contables de las empresas será otra de las imposiciones de la ley, que junto a la posibilidad de que nuevas compañías con un capital mínimo de 1.000 millones de pesetas accedan a la prestación directa del servicio al consumidor ha sido el principal centro de las críticas del sector al proyecto.