Según el Gobierno, debido a que estas directivas constituyen normas "de mínimos", la trasposición al derecho interno no es integral, sino que en el presente proyecto de ley se incluyen preceptos que no están presentes en la normativa comunitaria y que procuran adoptar medidas qe fortalecen las garantías y la protección de los consumidores.

Con carácter general, esta protección se centra en la determinación del contenido y la forma de los contratos, así como de los supuestos de nulidad de los mismos; en el esfuerzo de la posición jurídica del consumidor en el ejercicio de sus derechos y en la mejora de su posición frente a las ofertas de créditos y la publicidad.

Asimismo, esta protección va encaminada a una más completa información y a la determinación de conceptos tals como el coste total del crédito y la tasa anual equivalente, que han de servir no sólo para informar mejor a los consumidores, sino también para dar mayor transparencia al coste de los créditos y permitir el contraste entre las distintas ofertas.

El proyecto de ley establece que sus preceptos tendrán el carácter de derecho necesario, sancionándose su contravención con la nulidad, salvo que los pactos en cuestión sea más beneficiosos para el consumidor.