Puesto que este proyecto de ley tuvo una anterior redacción que fue aprobada en octubre de 1992 por el Gobierno y cuya tramitación parlamentaria fue interrumpida por la convocatoria de las últimas elecciones generales, la actual redacción incorpora las modificaciones que fueron dictaminadas favorablemente por el Congreso de los Diputados hasta la disolución de las cámaras.

El nuevo proyecto de ley trata de impedir el accesolos contratos públicos a personas "no merecedoras de la confianza que la relación contractual con las Administraciones Públicas implica". Con este objetivo regula las causas de prohibición para contratar y la suspensión de clasificaciones.

El proyecto de ley crea una Mesa de Contratación para todos los supuestos de adjudicación, incluso en los que anteriormente se consideraban sujetos a "contratación directa".

El Registro de Contratos será público con la aprobación de la ley. Asimismo, se delimia el régimen de responsabilidad disciplinaria y patrimoinial de todas aquellas autoridades y funcionarios que intervienen en la contratación administrativa.

En la elaboración de este proyecto, el Gobierno ha incorporado el contenido de las directivas comunitarias sobre contratación pública. El nuevo proyecto de ley suprime el límite de duración de un año que existía anteriormente para los contratos con empresas consultoras y de servicios, así como para trabajos específicos.