La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este plan "quiere dar respuesta a un problema que se ha convertido en uno de los fenómenos más tristemente globalizado de nuestro mundo".

Fernández de la Vega explicó que el plan ha sido coordinado por el Ministerio de Igualdad, recoge 61 medidas y se divide en tres ejes principales: asistencia social a las víctimas, lucha efectiva contra las mafias y traficantes, y sensibilización y prevención.

En cuanto a la asistencia social a las víctimas de trata de blancas, la vicepresidenta destacó que el Gobierno les proporcionará protección integral a través de un periodo de reflexión de, al menos, treinta días.

Se trata de que estas víctimas puedan restablecerse, escapar de la influencia de los traficantes y decidir su colaboración con las autoridades administrativas, policiales y judiciales.

MAFIAS

El Gobierno privará de sus beneficios económicos a las organizaciones que se dedican a la trata. Para ello, se reformará la ley de enjuiciamiento criminal para ampliar las medidas cautelares en relación con esta delincuencia.

Además, se creará un Fondo de Bienes decomisados procedentes de la trata, que irá destinado tanto a la asistencia de las víctimas como al fortalecimiento de la actuación policial contra este delito.

Para lograr un mayor control en la entrada al país de las mafias, se incluirá el uso de identificadores biométricos en la expedición y verificación de visados y permisos de residencia, y se implantarán en todo el territorio nacional nuevos sistemas y mecanismos de control para detectar situaciones de trata en puertos, aeropuertos y medios de transporte.

El plan contempla, asimismo, la intensificación de las inspecciones en lugares de riesgo potencial para la trata de blancas y la mejora de la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para su investigación y lucha.

PREVENCIÓN

El plan incluye campañas de concienciación sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres que ejercen la prostitución y de las víctimas de la trata, y campañas de información específicas dirigidas al sector de empresas de viaje, instituciones y organizadores de eventos multitudinarios.

Asimismo, prevé la constitución de un Foro contra la Trata integrado por las administraciones públicas competentes, las ONG y otras institucionales implicadas en la asistencia a las víctimas y la lucha contra este delito para garantizar la coordinación y la coherencia de actuaciones desde una perspectiva integral.

El plan tendrá una vigencia de tres años (2009-2012), periodo de tiempo necesario para poner en marcha de forma eficiente las medidas y suficiente para valorar la eficacia de las mismas. Entrará en vigor el 1 de enero de 2009 y está dotado con más de 44 millones de euros.

Según estimaciones policiales, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras, y la mayoría de ellas están en manos de redes de trata de seres humanos.