Con este proyecto, el Ejecutivo inenta adaptar la legislación sobre parques nacionales a la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a cogestionar estos espacios protegidos entre las administraciones central y autonómicas.

La nueva ley también responsabiliza a la comunidades en la financiación de los parques, por lo que en un plazo no superior a los 18 meses se deberán suscribir los correspondientes acuerdos.

Además, se crea la figura del Consejo Rector de la Red Estatal de Parques Nacionales, en el que estarán representaas la Administración central y las comunidades que tengan algún parque en su territorio. La misión principal de este órgano será la de realizar un seguimiento continuo de estos espacios.

La nueva normativa contempla la creación del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, que fijará las líneas generales de actuación en estos ecosistemas. Tendrá una vigencia mínima de cinco años y será redactado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Asimismo, establece la constitución de la Comisin Mixta de Gestión en cada parque, en la que estarán representadas a partes iguales la Administración central y la autonómica. El presidente, que será nombrado por el Ministerio de Medio Ambiente, dirimirá con su voto los casos en los que no haya acuerdo.

Finalmente, el director del parque será un funcionario nombrado por el Gobierno, previo acuerdo con la comunidad o comunidades autónomas en las que se encuentra el parque.