El plan, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables durante un plazo máximo de otros dos, ha sido elaborado con la participación de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de la zona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el documento intenta dotar al parque de los instrumentos necesarios que aseguren su mantenimiento y restauración, así como potenciar la investigación en su interior, configurar las líneas báicas del sistema de uso público, regular las actividades que se realizan en él y fomentar las medidas que faciliten un marco de relaciones con su entorno.

El primer plan de uso y gestión de Doñana fue aprobado en 1984. Sin embargo, en 1988 el Patronato creó un grupo de trabajo para modificar el documento, puesto que la gestión de este espacio natural no reflejaba ningún uso en las zonas próximas a la provincia de Cádiz.

Las mismas fuentes indicaron que el criterio fundamental por el que se rige e nuevo marco jurídico es el de la conservación y el mantenimiento de los sistemas naturales.

"Procurando", agregaron, "detener e invertir las tendencias degenerativas que se observen, la realización en su menor grado posible de las actuaciones que puedan afectar a los procesos naturales y la interdependencia con los espacios naturales del entorno, en particular con los que hayan sido declarados Espacios Naturales Protegidos".

El texto que hoy aprobó el Consejo de Ministros divide el territorio de parque nacional, calificado en su totalidad como suelo no urbanizable de protección especial, en cuatro tipos de zonas, según las condiciones de utilización y acceso a ellas.

Más de 50.000 hectáreas (el 91 por ciento de la superficie del parque) serán zonas de reserva, mientras que el resto se dividirá en áreas de uso especial, de uso moderado y de uso restringido.

El plan considera el carboneo, la apicultura, el coquineo, la recogida de piñas, la pesca en el Brazo de la Torre y la ganadería extnsiva como "aprovechamientos tradicionales compatibles".

No obstante, los ayuntamientos implicados, los propietarios afectados y las asociaciones ganaderas deberán elaborar durante 1992 el desarrollo sectorial en materia de ganadería.

Finalmente, el documento establece como principios de su uso público el mantenimiento de la mínima presión de visitas, la preferente ubicación periférica de la infraestructura y la diversificación de la oferta de visita. Para ello, amplía las infraestructuras hacia os sectores septentrional y oriental.

En el Patronato del parque estarán representados las distintas administraciones relacionadas con él, las universidades andaluzas, las cámaras agrarias provinciales, los propietarios y las asociaciones conservacionistas.