Según el Ejecutivo, esta modificación supone un impulso para la modernización y mejora de la competitividad de los puertos españoles por los que pasan el 85% de las importaciones y el 50% de las exportaciones.

Esto, unido a la condición periférica de la Península Ibérica y la ultraperiférica de Canarias, refuerza la necesidad de adoptar medidas que eliminen los costes de ineficacia que pudieran surgir en la gestión portuaria.

Mediante esta modificación se refuerza la autonomía de gestión y funcionamiento de las Autoridades Portuarias, que dispondrán de tasas propias por el uso de la infraestructura, de conformidad con sus estructuras de gastos.

El objetivo es que los puertos de interés general potencien la capacidad exportadora de la economía española y que se constituyan en piezas esenciales en la decisión de ubicación o fidelización en el territorio nacional de actividades industriales y comerciales.

Por ello, permite que cada Autoridad Portuaria cuantifique sus tasas conforme a sus costes individualizados, las cuales se establecerán en las Leyes de Presupuestos con carácter anual.

Este sistema de fijación de la cuantía de las tasas portuarias supone una importante racionalización en el procedimiento de determinación de las mismas, ya que se imputarán a cada Autoridad Portuaria los costes reales en los que haya incurrido, pudiendo actuar según su propia realidad económica.

Con ello, se crea una dinámica tendente a favorecer la contención de los gastos de explotación y la racionalización de las inversiones, las cuales tendrán que ajustarse lo más posible a los requerimientos reales de la demanda, evitando sobrecapacidades o problemas de congestión.

Así, una Autoridad Portuaria que racionalice su inversión y reduzca sus gastos de explotación podrá disponer de unas cuantías de tasas más bajas que otras administraciones públicas, reduciendo el coste de paso de las mercancías por ese puerto. De esta forma, se propicia una competencia interportuaria ordenada.