La norma, según Zaplana, supone un "importante acuerdo", al contar con el respaldo de las comunidades autónomas y el beneplácito de los sindicatos y los empresarios.

Además, destacó que se crean unos servicios públicos de empleo "más eficaces y modernos", además d definir medidas para ayudar a los desempleados a incorporarse al mercado de trabajo.

Con la nueva normativa, los servicios públicos de empleo estatal o autónomicos coordinarán sus actuaciones (para que un parado de una región de España pueda acceder a ofertas de cualquier punto de la geografía), y además podrán contar con la colaboración de otras entidades especializadas, como agencias de colocación, empresas de trabajo temporal y organizaciones sindicales y empresariales.

Zaplana aseguró que setrata de una reforma "necesaria" de una normativa con más de 22 años de existencia, ante la necesidad de adaptarse a los nuevos modelos de intermediación laboral, que incluyen las crecientes competencias de las comunidades autónomas.

Además, dado que las políticas de empleo han adquirido una dimensión europea, se debe responder a una estrategia que parte de orientaciones dictadas por las instituciones de la Unión Europea, como la búsqueda del pleno empleo fijada para 2010 por la Cumbre de Lisboa. A eso se añade que muchas políticas de empleo se realizan con fondos comunitarios, que deben ser correctamente aplicados y justificados.

APOYO PERSONAL

La nueva normativa ofrecerá a cada desempleado acciones que mejoren sus posibilidades de inserción, mientras que el parado debe comprometerse a participar "activamente" en la búsqueda de un empleo.

Se dará apoyo adicional a los colectivos con especiales dificultades para integrarse en el mercado de trabajo, que se articulará a través de itinerarios e atención personalizada y de tutoría de los desempleados, especialmente a los parados de larga duración, en función de sus características personales y profesionales.

La nueva normativa supone la desaparición del tradicional INEM, que pasará a denominarse Servicio Público de Empleo Estatal, conjuntamente con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

La ley refleja también el papel de los nuevos servicios públicos de empleo en la determinación de los contingentes anuales de tabajadores extranjeros.