El Gobierno ha elaborado esa normativa tras la anulación por el Tribunal Supremo de la anterior orden ministerial por razón de rango, ya que contenía elementos que deberían haber sido aprobados por real decreto.

Ambas normas, real decreto y orden ministerial, no introducen novedades sobre la anterior normativa, pero se atienen a la legalidad vigente, cumpliendo la exigencia de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.