Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se trata de una iniciativa que establece un régimen de ayudas a favor de las víctimas y sus familias, además de un conjunto de compensaciones dirigidas a la reparación de los daños y a la recuperación de las zonas afectadas.

La primera de las medidas anunciadas por Fernández de la Vega es el establecimiento de indemnizaciones para los dueños de las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por el fuego.

Además, se establecerán beneficios fiscales en las cuotas del impuesto de bienes inmuebles y de actividades económicas, así como reducciones fiscales especiales sobre IVA e IRPF para las actividades agrarias.

Asimismo, se pondrá en marcha un conjunto de medidas laborales y de seguridad social excepcionales para aquellas empresas y profesionales cuya situación profesional o laboral haya sido afectada directamente por los incendios.

Por otro lado, se llevará a cabo la tramitación de urgencia en los contratos de las Administraciones Públicas que tengan por objeto la reparación o reposición de bienes o infraestructuras dañados.

Además, se darán ayudas directas por daños personales, tanto a las víctimas como a sus familiares, y compensaciones económicas a las personas, empresas y ayuntamientos que han ayudado a la extinción de incendios. De igual modo, se concederán ayudas económicas en materia de vivienda.

Por otro lado, el Real Decreto-Ley incorpora a los municipios afectados, de forma prioritaria, al plan de extensión de la telefonía móvil y banda ancha puesto en marcha por el Gobierno.

También establece líneas preferentes por importe de 25 millones de euros de crédito, para financiar la reposición de equipos industriales dañados.

Finalmente, en cooperación con la comunidad autónoma gallega, se procederá a la retirada de los árboles quemados, para la recuperación ambiental de los bosques, y se tomarán medidas urgentes que garanticen la calidad del agua que consumen los gallegos.