En virtud de esta norma se da respuesta a los compromisos recogidos en el acuerdo firmado el 5 de mayo por el Ministerio de Trabajo y las asociaciones de autónomos UPTA, ATA y CEAT.

En primer lugar, y con objeto de favorecer la actividad emprendedora de jóvenes y mujeres, se incrementa hasta el 80% el límite de pago único de la prestación por desempleo destinada a inversión para jóvenes de hasta 30 años de edad y de mujeres hasta 35 años que inicien una actividad como autónomos.

Para propiciar el acceso de los trabajadores asalariados a la condición de socios trabajadores, y teniendo en consideración que la mayoría de las empresas creadas (cooperativas y sociedades laborales) han contado para su creación con el capital procedente de la capitalización de la prestación por desempleo, se elimina la limitación de hasta 24 meses que hasta ahora tienen los asalariados para optar a ser socios trabajadores de la empresa.

De esta manera, cualquier trabajador asalariado, independientemente del tiempo que lleve en la empresa, podrá incorporarse como socio trabajador y también las cooperativas y sociedades laborales mejorarán su capitalización.

Estas medidas tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, sin perjuicio de una posible prórroga en función de la evaluación de su eficacia en la creación de empleo.

Por otra parte, con la finalidad de favorecer la contratación indefinida del primer trabajador autónomo se bonifican en un 50% las cuotas de la Seguridad Social durante 24 meses del primer trabajador asalariado que contrate indefinidamente el autónomo. La vigencia de esta medida finaliza el 31 de diciembre de 2009.

Por otro lado se cancelan las deudas contraídas por cooperativas y sociedades laborales con el Fogasa, resultado de la crisis de los años 80 del pasado siglo.

El Gobierno justifica estas decisiones por la crisis económica que ha producido una "importante" caída de la actividad y que ha afectado al mercado de trabajo.

"El colectivo de trabajadores autónomos tiene una especial importancia en el desarrollo de la economía española y, por tanto, las dificultades por las que atraviesa son merecedoras de especial atención y requieren, como en el caso de los asalariados, medidas urgentes de empleo", sentencia el Ejecutivo.