Los más de tres millones de desempleados registrados ya en España fueron el argumento esgrimido por Rosa Conde, ministra portavoz del Gobierno, para justificar la decisión de retrasar el acuerdo que establecía la oferta de empleo para inmgrantes en sus países de origen, y que es considerada como la primera iniciativa en materia de inmigración del Gobierno.

El aplazamiento del acuerdo en el Consejo de Ministros del 12 de marzo sorprendió porque la propuesta del contingente, que había sido elaborada por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fue informada favorablemente por la comisión de Subsecretarios.

Además, había recibido el visto bueno de la Comisión Interministerial de Extranjería, ue integran los representantes de los ministerios de Exteriores, Interior, Trabajo, Justicia y Asuntos Sociales, así como el apoyo de la patronal y los sindicatos.

El acuerdo, contenido en el documento "Contingente para 1993", señala que en nuestro país existen ofertas de empleo que habitualmente son rechazadas por los españoles y llega a la conclusión que, de no regularse adecuadamente, la oferta de empleo "insatisfecha acabaría siempre atrayendo flujos de inmigración irregular.

Y añade, que de stos flujos sólo podrían salir beneficiados los empresarios dispuestos a desarrollar su actividad ilegalmente, conclusión que por primera vez es formulada por la Admnistración española.

Los más de 20.000 empleos temporales y permanentes que se ofrecen se encuentran en la agricultura y el servicio doméstico fundamentalmente.