La norma legal tiene como finalidad la incorporación al ordenamiento español de la nueva normativa sobre esta materia aprobada por la Unión Europea en marzo de 2002, de obligatoria transposición en todos los Estados miembros.

En este sentido, el anteproyecto de ley tiene como principal novedad la simplificación de los trámites administrativos para actuar como operador en el mercado, de manera que una persona física o entidadúnicamente deberá comunicarlo con carácter previo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). A partir de dicha notificación, podrá comenzar a prestar sus servicios o establecer su red.

Además, rebaja la intervención administrativa en lo que supone no solicitar una autorización previa a la actuación de los operadores, si bien esta mayor agilidad va acompañada de un amplio régimen sancionador.

De este modo, se introducen infracciones como el incumplimiento de los límites de emisione en las antenas radioeléctricas. Además, se prevé la posible inhabilitación del operador que cometa una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales.

Asimismo, establece que la CMT analice periódicamente los diversos mercados de telecomunicaciones, detectando los sectores en que no exista una competencia efectiva.

SERVICIO UNIVERSAL DE INTERNET

También se mantiene el "servicio universal" como aquel conjunto mínimo de prestaciones que deben rcibir todos los ciudadanos a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica.

Como novedad, la normativa comunitaria incluyó entre ellas el "acceso funcional a Internet", lo que ya se encuentra en vigor en España tras la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de 11 de julio de 2002, y encuentra también su reflejo en este anteproyecto.

Además, se eleva a rango legal determinados aspectos, como las tarifas especiales de servcio telefónico para personas con necesidades sociales o la garantía de posibilidad de elección de operador para los discapacitados.

En el anteproyecto se recogen los principios que deberán respetarse necesariamente, siempre dentro de la autonomía de las Administraciones en la gestión del dominio público del que son titulares. Entre ellos destaca el principio de publicidad de todas las normas que regulen la asignación del derecho de uso del dominio público a los operadores.