Por otro lado, el Gobierno acordó remitir a las Cortes el proyecto de ley orgánica de publicidad electoral en emisoras de televisión local por onda terrestres y en las telecomunicaciones por cable.

En un encuentro con periodistas, Salgado explicó el contenido de los proyectos legislativos de Telecomunicaciones por Cable y de TV Local. En el caso del Cable establece las condiciones de servicio, calidad y competencia entre Telefónica y los futuras empresas del sector, y en el de las TV locales fija las competencias de las diferentes administraciones y las exigencias en las que podrán hacerse este tipo de emisiones. Las primeras concesiones podrán star a finales de 1995, precisó.

La Ley del Cable que el Gobierno enviará al Parlamento recoge algunas novedades respecto al proyecto que ya se conocía, como la obligación de Telefónica de no poder operar en servicios de cable hasta 6 meses después de resolverse el concurso en cada una de las demarcaciones que habrán de constituirse y en las que sólo tendrá a un competidor. Este plazo sólo se adelantará si el segundo operador en ese área decide dar servicio antes.

EXIGENCIAS TECNICAS

Salgado sealó también que las exigencias técnicas del MOPTMA para los futuros operadores de cable serán superiores para la compañía que preside Cándido Velázquez que para los privados, ya que se sabe de antemano que la red de cable será la que emplee Telefónica para prestar el servicio básico de voz a partir de 1998.

"Si las privadas deciden superar los mínimos tecnológicos y de capacidad que se exigen en la ley, y hacerse una red propia de cable como la de Telefónica, con el coste que ello supone, dependerá delos servicios que quieren prestar y de las cuentas que echen para ver si les interesa o no", explicó.

No obstante, el proyecto regula también las condiciones para las redes privadas de cable que ya hay, como por ejemplo la de las empresas eléctricas, y fija la imposibilidad para estas empresas de dar servicios finales al usuario, pero les deja la puerta abierta para alquilar esas infraestructuras a los futuros operadores.

Las redes existentes podrán seguir operando hasta la aprobación de la ley mdiante concesión administrativa transitoria, pero después deberán presentarse a concurso en cada demarcación y si no lo ganan quedarán inhabilitadas.

DEMARCACIONES Y PRECIOS

Otro aspecto de interés son los límites de las demarcaciones y la regulación de precios por el Gobierno en algunos servicios de cable.

Hasta 1998, los ayuntamientos tendrán la potestad de solicitar los límites para una demarcación que pueden coincidir en todo o en parte con un municipio, siempre que esa porción tenga al mens 20.000 habitantes, que es el nivel mínimo de rentabilidad para operar que ha calculado el Gobierno.

También puede ser un grupo de municipios, con el mismo mínimo de población y un máximo de 1,5 millones de residentes en el área, o un territorio insular, en donde la densidad es menor y no existirán límites. La solicitud de demarcación corre a cargo del ayuntamiento o grupos de ayuntamientos, y su aprobación del MOPTMA, previo informe vinculante de las comunidades autónomas afectadas cuando el área rena a varios municipios de una o varias regiones.

A partir de 1998, las zonas no delimitadas se considerarán "demarcaciones residuales" y su constitución dependerá directamente del ministerio si los ayuntamientos así lo solicitan.

Las concesiones, sin embargo, son potestad única del ministerio y tienen una vigencia de 15 años, prorrogables cada 5 años. La Administración regulará también los precios mediante un sistema de precios máximos en los servicios que obligatoriamente deberán ofrecer los opeadores de la red de cable, es decir, distribución de señal para los cinco canales nacionales de TV, las TV autonómicas y las locales.

El capital de los operadores privados podrá ser comunitario o extracomunitario, sin limitaciones en el primer caso, y hasta un 25 por cien en el segundo, aunque el Gobierno puede alterar este tope en el futuro. telefónica también podrá tener socios en las filiales que habrá de constituir en cada demarcación, pero estará obligado a conservar el 51 por cien del capital. También se intenta proteger a los progamadores independientes -ajenos a los operadores de red-, para los que se reserva un mínimo del 40 por cien de la programación audivisual.

PROGRAMACION Y PUBLICIDAD

La programación es de libre elección por el operador de cable, y el régimen de publicidad y patrocinio sólo entrará en acción cuando las emisisones alcancen al 50 por cien de una comunidad autónoma o al 25 por cien del país, mediante los sistemas de interconexión que pueden dar lugar a la creaciónde nuevas cadenas audiovosuales.

En cuanto a las TV locales, el MOPTMA no lo califica de servicio esencial, es decir, que no habrá obligación del Estado de dar este tipo de servicios en todo el territorio nacional. Estas emisoras deberán reunir unas condiciones fijadas por el ministerio y no podrán emitir en cadena ni formar parte de una cadena, como tampoco podrán dar publicidad entre las 8 y las 12 de la noche.

En este caso las demarcaciones para cada TV local coinciden con las del municipio y l único prestador del servicio podrá ser o el ayuntamiento a través de una sociedad participada al 100 por cien, o una persona física o jurídica con o sin ánimo de lucro, si el ayuntamiento renuncia a su preferencia.

Si el Ayuntamiento asume la gestión la concesión corre a cargo de la comunidad autónoma, y si no es así dependerá del MOPTMA. Estos permisos tienen una vigencia de 5 años y se prorrogan anualmente sin limitación, y sólo se tendrán en cuenta los derechos de los operadores existentes el 1 d enero del año que viene.