Así lo explicaron las ministras de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

El Gobierno ha dado este paso a pesar de que dicho informe considera que el texto del Gobierno supone una “clara limitación” de las competencias autonómicas. A este respecto, Sánchez defendió que la ley “reconoce las competencias autonómicas en esta materia y pone a su disposición todos los instrumentos y les permite aplicar otros que consideren necesarios”.

Asimismo, añadió que no se puede delimitar el campo de actuación del Estado en materia de vivienda que reside en la protección de los colectivos más vulnerables, ya que la Constitución establece que el Gobierno central debe garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.

En concreto, el informe del CGPJ concluye que la "expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí".

“Esta ley es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal”, sentenció Sánchez, quien aseguró que “no va en contra de los propietarios, va en contra de la especulación” porque “los que propugnan la liberalización lo único que consiguieron es el lucro de grandes agentes inmobiliarios generando un gran sufrimiento a la mayoría de familias del país”.