Entre las novedades, el texto otorga al Ministerio de la Presidencia el papel de la autoridad para la protección de la información clasificada y, por tanto, es el que propone al Consejo de Ministros la desclasificación de información clasificada.

En concreto, según informan desde La Moncloa, el Gobierno dará luz verde al primer texto de la Ley de Información Clasificada, una norma incluida en el Plan de Acción Normativo aprobado para este ejercicio, para ser remitida a los órganos consultivos.

Cumple así el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el compromiso adquirido con el PNV durante el reciente Debate sobre el estado de la Nación en el que se comprometió a que la aprobación de esta norma en Consejo de Ministros llegaría antes de que finalizara julio.

Según expuso entonces el presidente, esta norma predemocrática tiene la finalidad de adecuar el ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y a los estándares internacionales. “Establece un sistema reglado y garantista para la clasificación y desclasificación de los secretos oficiales y se regulan también los procedimientos para el acceso jurisdiccional y parlamentario", apuntó desde la tribuna del Congreso.

Con esta nueva norma se divide la información en cuatro categorías - alto secreto, secreto, confidencial y restringido- y se gradúa el nivel de secretismo entre los 50 y los 4 años. En la que se sitúe en el extremo de información “ultrasensible” será el Consejo de Ministros, como órgano colegiado competente, el único capaz de retirar la condición de secreto de la información.

De esta forma, en la ley se fijan esas cuatro categorías de protección conforme a las normas comunes entre los socios de la UE y de la OTAN y en función de la categoría los plazos de desclasificación, pudiendo prorrogarse en algunos casos.

Una de las principales novedades de la norma radica en que la ley establece una Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada, con competencias, entre otras, de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.

La autoridad en la que a partir de ahora caerá la información secreta es el Ministerio de la Presidencia que lidera Félix Bolaños, cuando hasta ahora ejercía dichas competencias el departamento de Defensa, que en la actualidad lo dirige Margarita Robles.

Justifican este cambio en La Moncloa en que ahora la información es tanto económica, como industrial como de seguridad, por lo que lo lógico es que sea un ministerio más transversal y de coordinación el que la desarrolle.

Para afrontar este cambio, del que se asegura que Robles manifestó su respaldo a la norma, el Gobierno dotará de más recursos al Ministerio de la Presidencia.

El objetivo de este anteproyecto, trasladan desde La Moncloa, es adaptar la regulación en el tratamiento de la Información Clasificada y, en primer lugar, adecuarla al ordenamiento constitucional, porque la ley vigente data de 1968; así como a los estándares que se manejan en el seno de la Unión Europea y de la OTAN.

Esta nueva ley de secretos, además de contar entre los compromisos del Gobierno con el PNV para la investidura de Pedro Sánchez como presidente, el jefe del Ejecutivo la destacó durante su comparecencia en el Congreso por el espionaje a dirigentes y activistas independentistas, y a varios miembros del Consejo de Ministros, entre ellos él mismo, en el ‘caso Pegasus’.

Junto a esta nueva norma, el presidente se comprometió también en esa comparecencia a la reforma de la ley orgánica reguladora del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la que no se han dado más detalles del trabajo del Gobierno para cimplir con este compromiso.