Según explicó el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, el cambio viene provocado porque el modelo actual, impuesto por el PP, "no consigue" el equilibrio que predica y se considera más adecuado ligar el déficit a la evolución del ciclo económico, para aprovechar las "vacas gordas" para mejorar la inversión y paliar los tiempos de "vacas flacas".

Por otra parte, se separa el Estado de la Seguridad Social para demostrar así, según fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia, que el volumen de gestión y capacidad del Estado central es muy pequeño y apenas representa un 20% del gasto total.

La reforma persigue seis objetivos: adecuar el principio de estabilidad a la consideración del ciclo económico; separar el Estado y la Seguridad Social en la fijación del objetivo de estabilidad; mejorar la transparencia; lograr un consenso amplio, reconociendo la autonomía financiera de las diferentes Administraciones, y mantener los aspectos positivos de la normativa actual e introducir mecanismos de control preventivo.

El Gobierno realizará un informe sobre el crecimiento previsto y, sobre él obligará a las comunidades. Si el PIB es igual o superior al 3%, se establecerá un objetivo de superávit; si el crecimiento del PIB se sitúa entre el 2% y el 3%, se establecerá un objetivo de equilibrio, y si el crecimiento es inferior al 2%, se podrá establecer un objetivo de déficit.

En esos periodos de bajo crecimiento económico el conjunto de las Administraciones podrá registrar un déficit del 1% del PIB, repartido según el peso específico de cada una de ellas: las comunidades, un 0,75% del PIB; el Estado, un 0,2% del PIB y las corporaciones locales un 0,05% del PIB.

Las nuevas leyes de Estabilidad Presupuestaria endurecen losrequisitos para el endeudamiento de cualquier administración pública que incumpla el objetivo del déficit y, además, subrayan que el Estado no asumirá ni responderá de los compromisos contraídos por las CCAA ni de los entes vinculados a ellas.