Según explicó el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Plan es el resultado de un intenso proceso de diálogo y cosenso entre el Gobierno y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y recoge medidas en una doble dirección: por un lado, para evitar la discriminación y, por otro, de acción positiva para favorecer la igualdad.

"El Plan", explicó Zaplana, "incluye 350 medidas para evitar la discriminación y favorecer la igualdad de derechos de este colectivo. Tendrán prioridad las políticas que fomentan la autosuficiencia económica y la participación de las personas con discapacidad en a vida de sus comunidades, para ello se trabajará en hacer accesibles todos los entornos, productos y servicios".

CONTENIDO

Estos son los principios que vertebran las cuatro grandes áreas en las que se estructura el II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad:

- Area I: Atención a personas con graves discapacidades. Tiene como objeto fundamental desarrollar un sistema de protección integral para el millón y medio de personas que en España presentan graves discapacidades reforzando la atuación que viene desarrollando el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en este campo.

El Plan incluye 26 propuestas de actuación para proteger económicamente a las personas con discapacidad grave, 18 para garantizar los cuidados sociosanitarios que precisan, otras 26 para apoyar a las familias y 16 para proteger los derechos de aquellas que presentan una discapacidad más severa, hasta un total de 86 propuestas de actuación.

Entre estas medidas destacan la introduccion de bonificaciones para acilitar la contratación de cuidadores y deducciones en la cuota del IRPF por la suscripción de seguros para la atención de personas dependientes, y la creación de la figura ocupacional de cuidador de personas dependientes.

- Area II: Políticas de inserción laboral. Con el objetivo de mejorar las tasas de actividad y de ocupación de las personas con discapacidad.

En esta área se incluyen 95 propuestas de actuación de las que 17 van a ir destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el aceso al empleo, 21 para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, 31 para el desarrollo de nuevas fórmulas de empleo y 26 en favor de las personas con mayor riesgo de exclusión.

Entre las medidas cabe destacar la constitución de una oficina especializada para promover la participación de las personas con discapacidad y la puesta en marcha de un sistema arbitral para resolver las reclamaciones que se planteen en materia de igualdad de trato.

- AREA III : Promoción de la accesibiliad. Con el fin de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a todos los entornos, servicios y productos.

De las 99 medidas que contiene esta tercera área de actuación del Plan, se incluyen 26 propuestas en materia de sensibilización, 23 para impulsar los estudios técnicos, 17 en materia de I+D+I, 24 para desarrollar proyectos de accesibilidad en sectores clave, y 9 para fomentar la implicación de Administraciones Públicas y sociedad.

Dentro de este apartado destaca la aprobación de un norma que regule las condiciones básicas de accesibilidad en el transporte y la aprobación de otra para fijar las condiciones básicas de accesibilidad en los espacios públicos y edificaciones.

- AREA IV: Cohesión de los servicios territoriales. Las 70 propuestas de actuación que se incluyen en esta área tienen como principal objetivo garantizar que todas las personas con discapacidad, residan donde residan, puedan acceder a unas mismas prestaciones básicas de servicios sociales, es decir, que tengan arantizados unos mismos derechos.

En este sentido, la medida más importante será la aprobación de un Catálogo de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad que se elaborará de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

Y en esa misma línea, también de acuerdo con las Comunidades Autónomas, se procurarán establecer las prioridades básicas de actuación en materia de discapacidad.

El objetivo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales consiste en buscar un consenso entre las Administaciones Públicas competentes reforzándolo, al mismo tiempo, con mecanismos estables de cooperación entre Administraciones.