La primera medida es un mecanismo que permite a los ayuntamientos solicitar créditos a un plazo máximo de amortización de seis años para afrontar sus pagos a las empresas, con uno o dos años de carencia.

Los ayuntamientos deberán pagar sus facturas en el plazo máximo de un mes, habrán de certificar el pago ante el Ministerio de Economía y Hacienda y aprobar un plan de saneamiento que sea consistente.

Esta nueva medida permitirá solucionar el problemas de duedas impagadas de los ayuntamientos al financiar el remanente negativo de éstos hasta el mes de diciembre de 2008 y las facturas pendientes de pago.

La segunda es una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para avalar por un importe máximo de 3.000 millones de euros a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago.

Esta nueva línea ICO establece algunas condiciones favorables para empresas y autónomos, como el tipo de descuento máximo del 5% en las operaciones, un porcentaje menor al habitual.

En esta medida, el Gobierno ha establecido un límite por entidad local del 25% de su participación en los tributos del Estado para el año 2009, con el fin de evitar retenciones excesivas en los ingresos de los ayuntamientos que pudieran crearles problemas en el futuro.