La decisión de subordinar la nueva empresa a determinadas condiciones fue adoptada por el Ejecutivo, tras estudiar el dictamen emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia, que manifiesta que la fusión reforzará la posición de dominio de las dos empresas.

No obstante, el propio Tribunal defiende la operación,siempre bajo una serie de presmisas, ya que considera que contribuirá a la mejora de los sistemas de producción y comercialización del azúcar y la competitividad de la industria azucarera española.

De este modo, el Gobierno exige a Azucarera Ebro la presentación antes del 1 de septiembre de 1999 de un plan de reconversión industrial con objetivos y calendarios concretos, al que deberá recibir el visto bueno del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), así como del Ministerio de Economíay Hacienda

Además, el MAPA, con el objetivo de fomentar la competencia, reasignará mediante subasta pública un máximo de 30.000 toneladas métricas de la cuota española de producción de azúcar a empresas establecidas en territorio español.

Por otro lado, en el caso de que en un futuro el cupo asignado a Canarias, Ceuta y Melilla pasara a integrar la cuota nacional, el aumento de tal capacidad productiva se destinará sustancialmente a empresas competidoras de Azucarera Ebro.

El Gobierno tambié obliga a la nueva compañía a renunciar con carácter general a realizar, directa o indirectamente, compras de azúcar en los mercados comunitarios, de forma que se facilite el que puedan ser otros operadores los que actúen de importadores.