El real decreto conjunto de los Ministerios de Justicia y de Economía y Hacienda regula la organización y funcionamiento de este fondo que garantiza las pensiones a los hijos menores y a aquéllos que, aun siendo mayores de edad, tengan una discapacidad superior al 65 por ciento.

Este anticipo podrá ser solicitado por parte de quien tenga la guarda y custodia de los menores que tengan reconocido el pago de alimentos, y no superará los cien euros mensuales por cada menor beneficiario, durante un periodo máximo de 18 meses.

El real decreto prevé la posibilidad de regular un reconocimiento urgente cuando los ingresos de la unidad familiar no superen las cuantías previstas para el reconocimiento ordinario, o cuando la solicitante sea víctima de violencia de género.

El fondo garantizará las pensiones de menores extranjeros residentes en España cuando sean nacionales de países miembros de la Unión Europea, y si proceden de otros países, siempre que lleven cinco años de residencia legal y que en aquéllos países se concedan anticipos similares a los ciudadanos españoles en su territorio.

Además, las resoluciones favorables deberán haber sido dictadas por tribunales españoles y debe constar la exigencia de haber instado la ejecución de esta sentencia sin haber obtenido el pago, además de acreditarse la situación económica de la unidad familiar en la que vivan los menores.