“En consonancia con las disposiciones internacionales y europeas, la Estrategia se ha diseñado con el objetivo de conseguir el mayor impacto posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y con la firme determinación de reducir la siniestralidad laboral, pero también procurando anticiparse a las posibles amenazas y riesgos para la salud de las personas trabajadores que surgen ante un mundo laboral cambiante”, según puso en valor el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Cuenta, además, con un enfoque integral en que la protección física y la mental se sitúan al mismo nivel. Y es que, según el departamento dirigido por Yolanda Díaz, por primera vez la salud mental constituye un lugar prioritario en la estrategia, como también lo es apoyar a las pequeñas empresas en la gestión preventiva o elevar el nivel de protección de los colectivos vulnerables, entre otros.

Con ese fin, la Estrategia ha sido configurada en torno a seis objetivos estratégicos: mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático; reforzar la seguridad y la salud en las pymes; ampliar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad; introducir la perspectiva de género en la prevención; y fortalecer el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo para afrontar con éxito futuras crisis.

Estos objetivos se desarrollarán a través de 33 líneas de actuación, entre las que destacan acciones como la creación de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional, que permitirá avanzar en la mejora de identificación de enfermedades profesionales.

Además, pretende mejorar la protección de los empleados expuestos a los efectos del cambio climático, al tiempo que contempla la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva, a la vez que se refuerza la protección de las personas trabajadoras frente a riesgos psicosociales.

También se profundizará en el estudio de los colectivos de trabajadores que presenten los peores datos de seguridad y salud. De este modo se podrán analizar los factores que las hacen vulnerables e incorporar la prevención de riesgos laborales en otras políticas públicas. La Estrategia pone el foco también en los trabajadores del sector sociosanitario por formar parte de uno de los colectivos que corren mayor riesgo, como es el caso de las personas trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

En consonancia con el Convenio 189 de la OIT para mejorar la protección de las personas trabajadoras del servicio del hogar se van a llevar a cabo acciones que mejoren el conocimiento de patrones de siniestralidad y las patologías relacionadas con el trabajo. Asimismo, se van a elaborar unos criterios orientativos para la gestión de los riesgos en los servicios de asistencia a domicilio y personas trabajadoras del servicio del hogar, con especial atención en los aspectos ergonómicos y psicosociales.

En materia de género, el plan explica que existen determinadas ocupaciones o actividades en los que son las mujeres las que corren el riesgo de sufrir daños asociados a la actividad profesional. Es por ello que, para conseguir una integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva, se va a incorporar esa perspectiva en los procesos de evaluación de riesgos y los estudios sobre las condiciones de seguridad laboral.