Atendiendo a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y a la Ley de Bases del Régimen Local, la Diputación de Málaga procederá en los próximos días a la designación de una Comisión Gestora, cuyo número de miembros no excederá del de la corporación municipal.

Las funciones de alcalde corresponderán a aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la Gestora. Esta Comisión asumirá la gestión del municipio hasta las próximas elecciones locales, previstas para el 27 de mayo de 2007.

En este sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado, consultado sobre la cuestión por el Ejecutivo con el fin de respetar escrupulosamente la legalidad vigente.

Hasta que se produzca el nombramiento de la Comisión Gestora, los restantes miembros que forman parte de la corporación actual continuarán gobernando en funciones la localidad, pero sólo podrán ocuparse de los asuntos de gestión ordinaria de la ciudad. En ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada.

El Consejo de Ministros tomó esta decisión dada la vulneración sistemática de la legalidad por la actual Corporación en el otorgamiento de licencias en materia de urbanismo, así como su absoluta falta de colaboración con la Junta de Andalucía, al desatender sus numerosas solicitudes y requerimientos.

La inactividad del Ayuntamiento ante los distintos requerimientos judiciales para la paralización de obras, al igual que otras irregularidades, que incluyen permutas y enajenaciones de inmuebles contrarias a la legalidad, han sido los motivos que han llevado al Gobierno a adoptar esta decisión.