El decreto establece la libertad de amortización para los elementos adquiridos durante 1994, si durante los dos años siguientes la plantilla media total de la empresa se incrementa respecto a la existente durante el año anterior y ese aumento de trabajadores se mantiene durante dos años.

La libre amortización se instrumenta a través del diferimiento del pago de los impuestos de sociedades e IRPF. La cuantía de la inversión que podrá eneficiarse de esta medida será el resultado de multiplicar quince millones de pesetas por el incremento de la plantilla que se produzca.

Si se incumpliera el compromiso de incremento de plantilla el beneficiario tendrá que pagar lo desgravado más los intereses de demora.

La finalidad de la norma, según el Gobierno, es "lograr que la inversión en activos fijos suponga un incremento simultáneo de los puestos de trabajo".