También aprobó los criterios de reparto de las ayudas concedidas a las comunidades autónomas para la jubilación de trabajadres de empresas en crisis no acogidas a planes de reconversión.

Para los programas de integración laboral del minusválido, las ayudas a la creación de puestos de trabajo se distribuirán según el porcentaje de solicitantes en cada una de las comunidades en relación al total de parados de las cuatro autonomías que han asumido esta gestión (Andalucía, Canarias, Galicia y Valencia).

Las aportaciones públicas para mantener puestos de trabajo ocupados por minusválidos se asignarán en proporción al númeo de empleos de estas características que existían en cada región durante 1991.

En las ayudas a la promoción del empleo autónomo, el criterio de reparto será el porcentaje de paro a cada una de las comunidades respecto al total de paro existente en las cuatro comunidades citadas.

En cuanto a las ayudas a cooperativas y sociedades laborales, el Estado aportará fondos a las comunidades autónomas en función de las asignaciones que recibieron para ese mismo fin en los últimos tres años, la población ctiva de la región y el número de parados.

Las comunidades que han asumido la gestión de estos programas de incentivo a la creación de empleo son Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, el Consejo de Ministros fijó también las condiciones para asignar los presupuestos de 1992 destinados a facilitar la jubilación de trabajadores de empresas en crisis que no están acogidas a planes de reconversión.

Este dinero, según el acuerdo del Gobierno, se asignar en función del porcentaje de población ocupada de 55 o más años que haya en cada comunidad, en relación a la media de todo el país. Las regiones con competencias para gestionar estos programas son: Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra y Valencia.