El planteamiento del Gobierno en materia de prisiones se modifica sustancialmente al desterrar el tradicional diseño de macrocentros por centros más adaptados a las necesidades previstas por el nuevo Código Penal, así como a la evolución estable de la población reclusa.

Los nuevos CIS reforzarán el régimen de semilibertad, el arresto de fin de semana y el trabajo en beneficio de la comunidad, nuevas figuras de cumplimiento de penas previstas en el actual Código Penal. Estos centros, que albergarán de 25 a 100 internos, estarán ubicados en núcleos de población importante o en sus alrededores, con buena comunicación de transporte público, para facilitar el acceso de los reclusos clasificados en régimen abierto a su lugar de trabajo y su integración en el entorno social.

En ellos se cumplirán también las penas de arresto de fin de semana, se organizarán los trabajos en beneficio de la comunidad y se hará un seguimiento de los liberados condicionales.

Los CIScon mayor capacidad se construirán en Málaga (100 plazas), Alicante (75), Sevilla (75), Alcázar de San Juan (55), y Cádiz, Córdoba, Granada, Las Palmas y León, con 50 plazas cada uno.

CUSTODIA EN HOSPITALES

El nuevo plan también prevé la construcción de 40 unidades o zonas de custodia en hospitales de la red pública, dotadas de las correspondientes medidas de seguridad. Con ellas se garantiza a los reclusos su derecho a una atención médica equivalente a la del resto de la población, a la vez que se vitan molestias a los usuarios ordinarios de la red pública.

Estas unidades sanitarias permitirán liberar para otras tareas a más de 600 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, actualmente destinados a la custodia de reclusos.

Asimismo, el plan incorpora las iniciativas necesarias para permitir la exportación de tecnología en el ámbito de las infraestructuras penitenciarias, especialmente a países iberoamericanos.

La revisión del Plan de Amortización y Creación de CentrosPenitenciarios no implica incremento presupuestario en relación con el plan inicial y supone, por el contrario, un ahorro tanto en infraestructuras como en recursos humanos. El plan se financia mediante aportaciones del Estado, ingresos por venta de los inmuebles a amortizar y subvenciones de fondos Feder.

La ejecución de todas las obras previstas, en un plazo de cinco años, permitirá solventar el déficit de plazas, a la que vez que dotará a la Administración Penitenciaria de las infraestructuras necearias para lograr los fines de reinserción e integración social, según Instituciones Penitenciarias.