Los ministerios de Ciencia e Innovación y de Universidades impulsaron esta medida con el objetivo de dotar de mayor estabilidad a la carrera profesional en instituciones públicas del ámbito de la I+D+I como universidades, centros de investigación, fundaciones y consorcios.

Esta figura contractual, que recoge las singularidades del sistema de I+D+I, no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.

Además, estos contratos de duración indefinida no necesitarán autorización previa si su financiación es externa o procede de convocatorias en concurrencia competitiva. En caso de que el grupo de investigación continúe con financiación, los contratos se podrán prorrogar sin necesidad de una nueva contratación.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, destacó que esta medida ofrece más estabilidad laboral y beneficiará a miles de investigadores, personal técnico y de gestión que hoy en día encadenan contratos temporales.

REFORMA LABORAL

Asimismo, detalló que el Real Decreto Ley está alineado con la reforma laboral y permite adelantar la modalidad de contrato indefinido que ya estaba contemplada en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.

Por su parte, el ministro de Universidades, Joan Subirats, aseguró que esta medida permite un sistema de ciencia, investigación y universidad más sólido y más justo y ayuda a que las universidades tengan todas las garantías para poder seguir avanzando en los proyectos de investigación que tienen entre manos.