La medida del Gobierno contempla la concesión de las ayudas a las tripulaciones de buques de pesca que causen baja definitiva en España por desguace, exportación a terceros países o por la creación de sociedades mixtas.

Las ayudas, complementarias a las previstas por la Política Común de Pesca, consisten en la constitución de un plan de prejubilación para los pescadores afectados que tengan más de 55 años y una antigüedad en el sector de al menos 10 años.

Otro tipo de ayuda es forma de primas globales individuales para los pescadores con menos de 55 años de edad y una actividad en el sector de al menos 15 años. Dichas ayudas directas consisten en una aportación económica de entre 650.000 y 1.100.000 pesetas, según lo años de antiguedad que justifiquen.

Este último paquete de ayudas tiene carácter indefinido, y su concesión se suspenderá cuando la persona afectada encuentre un nuevo puesto de trabajo o si agota el periodo máximo de disfrute de las mismas, fijado en seis años.

La tramitación, resolución y pago de todos los sistemas de ayudas correrán a cargo de las comunidades autónomas y se financiarán con fondos nacionales, comunitarios y a través del Instrumento Financiero de Orientación para la Pesca (IFOP.