Así lo anunció la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo, donde destacó que se trata de una medida “muy esperada por la ciudadanía y muy importante también para el Gobierno”.

Esta autoridad supondrá para los consumidores un mecanismo alternativo a la vía judicial en las controversias que puedan surgir con entidades financieras, que según recordó Calviño, es el sector que “más quejas recibe” y además está sujeto “a muy alta litigiosidad”.

La vicepresidenta explicó que la nueva autoridad será financiada por las propias entidades financieras, que deberán abonar 250 euros por cada reclamación que se presente.

Se ocupará de dirimir las reclamaciones sobre todo tipo de productos financieros (créditos, seguros, inversión o tarjetas), asumiendo competencias que actualmente ejercen los departamentos de reclamaciones del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, pero con capacidad para imponer sus resoluciones.

De hecho, sus resoluciones serán vinculantes para la banca cuando se trate de reclamaciones de hasta 20.000 euros que deberán resolverse en 90 días.

Este mecanismo será gratuito para los clientes, y según Calviño “será de fácil acceso”, ya sea presencial o por medios telemáticos. Además, no requerirá ni procurador ni abogado y deberá ofrecerse de forma personalizada.

La nueva autoridad independiente se incluyó desde el principio entre los proyectos estrella del ministerio de cara a sacarla en el año 2019, pero tropezó con dificultades presupuestarias para su puesta en marcha al principio y luego con la crisis provocada por la pandemia que obligó a centrar el foco en medidas para ayudar a familias, empresas y trabajadores a encarar la situación.

Este proyecto de ley se suma a otras normas consideradas prioritarias en el departamento de Calviño como la ley de crecimiento y creación de empresas y la ley de startups, que ya fueron aprobadas y afrontan el trámite parlamentario.