La ministra declinó hacer cualquier comentario relacionado con el texto final de la ley, que "mantiene las líneas básicas ya conocidas y cuya idea central es la de dotar a las fuerzas de seguridad de los instrumentos neesarios que les permitan trabajar con la máxima eficacia", aseguró.

A su juicio, este planteamiento es compatible con el respeto a la máxima libertad de los individuos y con los derechos constitucionales.

"No voy a entrar en detalles sobre los matices introducidos hoy, en el último momento, porque José Luis Corcuera es el encargado de presentar la ley y yo, por lo tanto, respeto este privilegio", dijo.

DISCREPANCIAS

El Consejo de Ministros debatía desde hace semanas este proyecto de ley, qe ha dado lugar a tensiones entre los ministerios de Interior y de Justicia, cuyos titulares, José Luis Corcuera y Tomás de la Quadra-Salcedo, respectivamente, trataron de disipar manteniendo una reunión para intercambiar puntos de vista.

Aunque Corcuera ha señalado siempre que esta ley es "respetuosa con los derechos de los ciudadanos", nada más conocerse el anteproyecto, en diciembre del año pasado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe desfavorable y distintos sectores de l judicatura expresaron su malestar.

El texto señala que los ciudadanos podrán ser retenidos para su identificación durante cuatro horas (aunque en la primera redacción figuraban seis horas) sin comunicárselo al juez, y autoriza a las fuerzas de seguridad del Estado a realizar registros domiciliarios sin permiso judicial.

Interior avaló la tesis de que el tiempo que pierden los funcionarios en conseguir un mandamiento judicial de registro domiciliario podía ser utilizado por los narcotraficantes pra deshacerse de la droga y hacer desaparecer así la prueba de su delito.

Por el contrario, Justicia, en sintonía con el CGPJ, abogó por que sólo en los casos de peligro grave de catástrofe, calamidad, desgracia, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad se podría entrar en un inmueble sin consentimiento de su titular.

De la Quadra recordó que sólo en el supuesto de flagrante delito se puede llevar a cabo un registro sin mandamiento judicial.

Estos dos polémicos punto, junto a la posibilidad de imponer fuertes multas a los ciudadanos que vayan indocumentados, podrían haber sido modificados dentro de los "retoques" dados por el Ejecutivo a la ley. El proyecto también ha sido criticado por algunos partidos de oposición, que acusaron al Gobierno de "querer imponer el estado policial".