Belloch puso de relieve que el nuevo Código Penal ha sido fruto dl trabajo de varios gobiernos y ministros, y constituye un "bien importante y fundamental" para el mundo del derecho y de la justicia.

Explicó que las líneas generales del proyecto son la ampliación de la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas, la mayor tutela de los derechos básicos, endurecer la lucha contra la corrupción, dotar de mayor protección al procedimiento democrático, conceder protección penal a nuevos valores y moderar la tutela penal de los poderes públicos. La garantía del cumplimiento efectivo de las penas para narcotraficantes y terroristas, la fijación de la edad penal en los 18 años, la desaparición del aborto del Código Penal, el agravamiento de los delitos de escuchas telefónicas y la tipificación de los delitos económicos o de "cuello blanco" constituyen algunas de las novedades más destacadas del proyecto.

El "superministro", que hoy compareció ante los informadores en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, señaló que e el ámbito de la lucha contra la corrupción destacan dos medidas concretas: la introducción del delito de malversación de bienes inmuebles y la exención de pena para el particular que denuncie ante los tribunales una propuesta de cohecho realizada por un funcionario público.

El nuevo Código Penal recoge igualmente una modificación de la regulación de los delitos contra la libertad de expresión, caracterizada por la limitación penal frente a los excesos de este derecho, cuando las informaciones tengan nterés público.

INFORMACION VERAZ

Según Belloch, sólo será castigada la información que no sea veraz y sólo será sancionada económicamente y no con penas de privación de libertad. "Significa en definitiva que la denuncia de los medios de comunicación sobre actuaciones de autoridades o funcionarios públicos, aunque lesionen su honor, si son llevadas a cabo de forma veraz van a ser conductas impunes", aclaró el ministro.

En cuanto a las medidas de protección del sistema democrático, las novedadesprincipales que recoge el proyecto de ley son la obligatoriedad de comparecer ante las comisiones parlamentarias. A partir de ahora, la negativa a acudir al Parlamento quedará equiparada a los delitos de desobediencia grave, lo que puede suponer una pena privativa de libertad de hasta un año, además de las de inhabilitación o suspensión.

Por otra parte, en el nuevo texto del Código Penal figura que el desacato en ningún caso puede ser cometido a través de los medios de comunicación, ya que para que exsta tal figura se exige que se lleve a cabo en presencia de la autoridad o en escrito dirigido a ella.

Otras novedades son la modificación de las penas de carácter pecuniario, que las multas se establecerán en función del patrimonio real de la persona sancionada y la introducción de la pena consistente en los trabajos en beneficio de la comunidad, en sustitución de las penas privativas de libertad de hasta dos años de duración.

El nuevo Código Penal recoge también penas para la información privilgiada en los mercados de valores, así como para conductas hasta ahora impunes o confusas, como la edificación no autorizada o el derribo de los edificios protegidos.

DELITO ECOLOGICO

Por lo que se refiere al delito ecológico, se habilitan penas adecuadas a la gravedad de este tipo de atentados y se establece la posibilidad de que el juez condene a restablecer el equilibrio ecológico perturbado como consecuencia de una actuación irregular.

En el ámbito de la discriminación, se mantiene una proteción contra los fenómenos como el racismo, xenofobia y actitudes antisemitas, y queda ampliado el catálogo de sujetos protegidos contra los mecanismos de discriminación, entre ellos las víctimas que lo sean por razón de su opción sexual o por razón de minusvalías. Asimismo, Belloch puso de relieve que se establece una tipificación "severa y enérgica" de los delitos de tortura.

En cuanto a la negativa a cumplir la Prestación Social Sustitutoria (PSS), el nuevo texto mantiene el criterio del anteproyect, según el cual desaparece la pena privatiza de libertad, que es sustituida por la de inhabilitación absoluta.

Según Belloch, la novedad sobre este punto respecto al anteproyecto es que desaparece la pena que entonces se preveía de posibilidad de privación del permiso de conducir.