Así lo confirmó hoy el vicepresidente primero del Gobiero, Mariano Rajoy, quien precisó que la nueva ley cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, que considera que se trata de un texto constitucional, ajustado a las competencias del Estado central y respetuoso con las autonomías.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a todas las administraciones públicas a elaborar sus cuentas sobre la base del déficit cero. En caso "excepcional" de déficit, deberán presentar al Consejo de Política Económica y Fiscal un plan corrector para paliar esta ituación. El Gobierno central se reserva la posibilidad de manejar la concesión de deuda pública para los que incurran en déficit.

Además, crea un fondo de contingencia del 2% del gasto general del Estado que supondrá el límite de endeudamiento. Este fondo se destinará a atender necesidades no previstas en el presupuesto, incluídas las modificaciones de crédito. El seguimiento del cumplimiento de la ley será realizado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que será reformado precisamente a ese efecto.

A pesar de que la nueva ley cuenta con el beneplácito, por unanimidad, del Consejo de Estado, el PSOE y algunas comunidades autonómas como Cataluña ya han mostrado su protesta porque se les obligue al equilibrio presupuestario por ley sin conocer previamente el sistema de financiación autonómica y local con el que contarán en los próximos años.

De hecho, las comunidades gobernadas por el PSOE ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno les impone el acual texto de la ley.