El pacto se alcanzó este lunes en la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), formada por los ministerios con competencias económicas, entre los que se encuentran el de Trabajo y el de Economía, Comercio y Empresa, dirigido por Carlos Cuerpo, según informaron a Servimedia fuentes de Trabajo.

Díaz logra así que el texto pase al Consejo de Ministros sin cambios con respecto a lo pactado con CCOO y UGT con la oposición de CEOE y Cepyme y que, además, el anteproyecto se tramite por la vía de urgencia.

Esta cuestión generó discrepancias públicas entre la propia Díaz y Cuerpo, pues la primera acusó a su compañero de Economía de bloquear la tramitación por la vía de urgencia e incluso de oponerse a la medida, llegando a decir que eso era “casi de ser un poco mala persona”.

Cuerpo y su ministerio desmintieron este hecho y calificaron de “prioridad” para todo el Gobierno la reducción de la jornada, aunque precisaron que se debían seguir todos los trámites para contar con todas las garantías.

Pero tras un comienzo de enero convulso, Díaz y Cuerpo celebraron dos reuniones en las que pactaron llevar este 27 de enero a la Cdgae el texto de la reducción de la jornada para iniciar la tramitación parlamentaria.

Fuentes gubernamentales se muestran sabedoras de que el paso de la reducción por el Congreso será complejo, pues no están atados los votos del PNV y, muy especialmente, de Junts, con un PP que no ha manifestado todavía su postura, apelando a que se busque un acuerdo que incluya a la patronal.

CEOE, EN CONTRA

Mientras, la patronal se descolgó del pacto tras 11 meses de negociaciones, argumentando que no era bueno para la economía del país y que restaría productividad a la economía española que, ya de por sí arrastra una brecha negativa con respecto a la media europea.

En paralelo, la CEOE ha presentado un documento ante la Dirección General de Trabajo en el que defiende que la reforma laboral promovida por Díaz es inconstitucional por vulnerar el diálogo social, un hecho criticado por la propia vicepresidenta segunda este lunes en un encuentro informativo organizado por Europa Press.

Posteriormente, el vicepresidente de la patronal y presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, afirmó que “diferentes juristas así lo estiman”, aunque precisó que “habrá que ver lo que decide el Tribunal Constitucional”.

Y añadió que “el diálogo social es eso: estar de acuerdo cuando se está de acuerdo y discrepar cuando se tiene que discrepar”. A su criterio, “el problema en la democracia viene cuando se utiliza la descalificación hacia quien discrepa”.

Pero, para el líder de CCOO, Unai Sordo, esta tesis de CEOE les sirve para “situar un banderín de confrontación con una medida que ya ha dicho que no comparte”. Asimismo, considera que “no tiene ningún recorrido jurídico porque evidentemente la constitucionalidad de la jornada laboral es tan evidente que está puesta en el Estatuto de los Trabajadores”.

A ello, el máximo responsable de UGT, Pepe Álvarez, añadió que este argumento de la inconstitucionalidad “no se lo creen ni ellos”, en alusión a CEOE. Recordó que la patronal ya llevó al constitucional la reducción de la jornada de 44 a 40 horas de los años 80 y que ya sentenció que cabe en la Carta Magna la medida.

31 DE DICIEMBRE

La propuesta de reforma del Estatuto de los Trabajadores pactada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT establece finalmente el 31 de diciembre de 2025 para que las empresas reduzcan la jornada de sus empleados a 37,5 horas semanales.

Cabe destacar que el texto no incluye las ayudas para “acompañar” a las empresas de menor tamaño que el Ministerio de Trabajo llegó a ofrecer a la CEOE como incentivo para que se sumara a un acuerdo tripartito. La patronal dijo ‘no’ oficialmente en noviembre tras 11 meses de reuniones, y Díaz evita recoger ayudas de este tipo.

No obstante, incluso los sindicatos se muestran sabedores de que el texto puede sufrir cambios ante la compleja negociación parlamentaria que ahora se abre con las diferentes formaciones políticas, especialmente con Junts.

La reforma legal también atañe al control de jornada, un objetivo de Díaz para evitar el exceso de horas extraordinarias que no se retribuyen ni compensan a empleados.

En paralelo, el texto reconoce el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio de la persona empleada vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas, “debiendo la empresa establecer los medios y medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo de tal derecho y la organización adecuada de la jornada de forma que sea compatible con la garantía de tiempos de descanso".

En esta línea, el borrador de anteproyecto prohíbe cualquier perjuicio que se intente imponer a un empleado si no responde a las comunicaciones de sus superiores fuera de la jornada.

En otro orden de cosas, el texto recoge un endurecimiento de las sanciones por incumplir los límites de la jornada laboral de los trabajadores. Así, estas multas pasarán de ser colectivas para la empresa a aplicarse por cada empleado afectado. Y no solo eso, sino que también se incrementan las cuantías de las sanciones, dado que ahora están topadas en 7.500 euros y con esta reforma legal se eleva ese máximo a 10.000 euros.