Aranzadi, que intervino en un coloquio con el ministro portugués de Industria y Energía, Fernando Mira, explicó que la venta de otra parte del capital de Repsol -actualmente hay en manos privadas un 33,5 por ciento- no supondrá para el Estado la pérdida del control de la compañía.

El ministro indicó que la vent de acciones de Repsol no podrá superar el 16 por ciento debido a que la actual Ley de Regulación del Sector Petrolero, vigente desde 1984, obliga al Estado a mantener más de un 50 por ciento del capital de Campsa, empresa en la que la mayoría es del INH a través de Repsol.

Si el INH vendiera ahora más de un 16 por ciento de Repsol, dijo Aranzadi, el Estado perdería indirectamente el control de Campsa, y por tanto incumpliría el citado mandato legal.

No obstante, fuentes ministeriales consultadaspor Servimedia advirtieron que la situación no es definitiva, ya que la nueva ley del petróleo que el Gobierno ya tiene terminada y será tratada en el Consejo de Ministros dentro de unas semanas, podría variar las condiciones de participación del Estado en el antiguo monopolio de petróleos.

El anuncio del ministro recorta las intenciones de la actual dirección de Repsol, cuyo presidente, Oscar Fanjul, se mostró partidario en el Congreso de los Diputados de vender cerca del 20 por ciento del "holding" efinero estatal, a pesar de que la medida supondría dejar al Estado en minoría respecto a los demás accionistas.

Con la venta del 16 por ciento de Repsol a la iniciativa privada, la Administración mantendrá bajo control un 50,5 por ciento de la compañía.

Actualmente, los dos socios privados del Estado en la empresa más importantes son Petróleos Mexicanos (Pemex), con un 5 por ciento, y el BBV (4 por ciento). El resto está repartido entre inversores privados y extranjeros de España y Estados Unido.

Respecto a la aprobación de la futura Ley del Sistema Eléctrico por el Consejo de Ministros, Aranzadi señaló que el texto podría ser aprobado por el Gobierno hacia finales del mes de mayo y que la rueda de consultas con las empresas del sector ya ha concluido.

Esta ley, que definirá el nuevo marco regulador del sector eléctrico español, incluirá una valoración de los activos que actualmente están paralizados por la moratoria nuclear, cuyo importe deberá ser abonado por la Administración a las epresas propietarias de esas instalaciones.

Según las explicaciones del propio ministro en el Congreso, esa amortización se hará a cargo de las tarifas eléctricas que pagan los consumidores, pero no supondrá un recargo de la factura de la luz, ya que se hará durante un periodo de unos 20 años.

No obstante, aún no existe una respuesta de las empresas a esa valoración, que, posiblemente, tendrá el visto bueno en el caso de Lemóniz y Trillo, pero no en el de la central de Valdecaballeros.

Mientrs en los dos primeros casos las cuentas de Industria coinciden con las reflejadas en los balances de sus dueños, en el tercero existe un desfase de 100.000 millones entre los cálculos de las dos partes. Frente a los 294.469 millones que, según el Gobierno, vale Valdecaballeros, los propietarios de la central (Sevillana e Iberdrola) cifran su valor en 396.871 millones.