Lo anunció la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que conoció un informe presentado por los ministros de Sanidad, Bernat Soria, y Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

El informe propone medidas para evitar lo que ha sucedido en las últimas semanas, que mujeres y sanitarios "han visto peligrar derechos tan fundamentales como la intimidad o la confidencialidad de sus datos".

La interrupción voluntaria del embarazo dentro de los tres supuestos recogidos en la ley está incluida en el catálogo de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, pero en la mayoría de los casos está prestado por clínicas privadas mediante un convenio.

Según explicó la vicepresidenta, Soria propone aprobar una norma común, un "marco básico" que incluya los requisitos jurídicos que deben reunir esos convenios, para garantizar la calidad de la prestación, la equidad, y el respeto a la intimidad y a la confidencialidad en el tratamiento de los datos.

No se trata de una modificación de la ley, sino de regular las condiciones con los que las clínicas privadas prestan ese servicio para garantizar la equidad en el acceso, al margen del territorio del que se trate y "sin discriminación alguna".

Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno respetará las competencias de las comunidades autónomas, con las que acordará el contenido de esa norma, probablemente un decreto, que requiere además informe del Consejo de Estado, por lo que no quiso adelantar la fecha aproximada de aprobación, ni si podrá ser antes de las elecciones.

El ministro de Justicia, por su parte, ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos un informe que fije "los límites del ejercicio de facultades de inspección" por parte de las administraciones públicas.

"Tendremos ocasión de mejorar la ley si, tras el amplio debate social que este tema debe suscitar, llegamos a la conclusión de que así hay que hacerlo", dijo la vicepresidenta, pero de momento es obligación del Gobierno garantizar los derechos de quienes ejercen y hacen posible ese derecho.